Adjuntamos Comunicado de apoyo para enviar cada persona y cada colectivo para denunciar la situación de Juan Carrique activista por la Defensa de los Derechos Humanos, represaliado por la Junta de Andalucia por el encierro de inmigrantes en el año 2002
Campaña de apoyo a Juan Carrique abogado de CGT y activista de los derechos de las personas inmigrantes, represaliado por la Junta de Andalucia tras el encierro de inmigrantes en el año 2002 en la Pablo de Olavide en Sevilla.. Hoy 14 años después en el año 2016 Juan Carrique se enfrenta a una reclamación de la Junta de Andalucia de mas de 165.000 euros que ha tenido como consecuencia el embargo judicial de su vivienda donde reside actualmente en Madrid y el embargo de parte de su salario mensual por ser una de las personas destacadas en dichas movilizaciones.
Pasamos a explicar de forma muy breve de donde parte esta historia.
Las movilizaciones y encierros de inmigrantes sin papeles en Huelva y Sevilla en los años 2001 y 2002 tuvieron un fuerte impacto en lo que fue la política migratoria en ese momento, ya que provocaron, junto con otras que se produjeron otras provincias y localidades, la mayor regularización de inmigrantes sin documentación desde que surgió el fenómeno social de la inmigración en España, pero también provoco un cambio abrupto del gobierno, que tras ellas optó por la represión de los inmigrantes que la protagonizaron. Y esa actitud fue común en las distintas administraciones, independientemente del color político de quien las presidía, tanto la Administración General del Estado como la Junta de Andalucía, asumieron esa actitud intolerante y penalizadora de las movilizaciones de inmigrantes sin papeles.
Ese cambio de actitud se extendió de los inmigrantes que protagonizaban esas luchas a los sectores autóctonos que se solidarizaron con las mismas, como fue el caso concreto del Grupo de Apoyo a los encerrados en la UPO (la Universidad Pablo Olavide), contra la cual se inició una investigación penal instigada entonces por el Defensor del Pueblo y la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Sevilla, pero que finalmente fue archivada porque no se sustentaba realmente en pruebas veraces. Pero el archivo de la investigación penal no impidió que la Junta de Andalucía no continuase con su actitud de represalia contra ese apoyo social recibido por los inmigrantes, de forma que se dirigió a una de la asociaciones de inmigrantes que habían jugado un papel destacado en el impulso de esas movilizaciones, concretamente ODITE, y con formalidades y excusas administrativas anularon las justificaciones presentadas en los programas públicos de atención a los inmigrantes, e impusieron el reintegro de todas las subven
ciones, de forma que se aseguraron de que en el futuro esa asociación ya no pudiera realizar más actividades por la quiebra económica que ello suponía.
Pero no se limitaron a ello, sino que extendieron la responsabilidad por el reintegro de esas subvenciones, que fueron en parte justificadas y aceptadas por la misma Junta de Andalucía en su momento, a los que aparecían como fundadores de esa asociación por el mecanismo legal de la derivación de responsabilidad, alegando que no habían sido reintegradas esas subvenciones y ello era debido a una supuesta actitud negligente de los mismos; de esta forma se aseguraban que ODITE en el futuro no pudiera volver a tener actividad, sino que al mismo tiempo arruinaba económicamente a personas que la integraron. Se trata de un represión indirecta, administrativa y no penal, que es más fácil justificarla socialmente, ya que supuestamente no se desencadena como respuesta a una movilización social, sino a una “actuación administrativa incorrecta” como es la justificación económica de subvenciones públicas al desarrollo de proyectos sociales incumpliendo unas formalidades en las mismas. Evidentemente son conscientes desde la Junta de Andalucía que las movilizaciones que en su día se desarrollaron no pueden impedirlas o difuminarlas socialmente, pero lo que si pueden desprestigiar a personas que tuvieron un papel en las mismas, para que en el futuro sea más difícil que se puedan dar unas luchas similares y que exista en todo caso miedo en las personas que se impliquen en ellas, porque se puedan repetir las mismas medidas administativo-represivas contra los participantes o impulsores de las mismas.
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Charla de apoyo a Juan Carrique
